El Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), que el Consejo de Ministros envió a Bruselas, se ha convertido en la primera piedra de toque de esa especie de Plan Marshall o New Green Deal para reactivar la economía del que viene hablando el Ejecutivo. El plan prevé unas inversiones de 241.000 millones de euros, de los que el 80% provienen de la iniciativa privada, y la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos entre 2021 y 2030.
El texto enviado está en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE). El documento se modificará —y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas— en aquellos aspectos que pudieran resultar necesarios tras finalizar la evaluación ambiental y el análisis de las consultas recibidas.
El texto contiene las directrices generales y recoge las inversiones contempladas para desarrollar la descarbonización de la economía. Las medidas incluidas elevan del 21% al 23% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Pero para llegar a esos objetivos es necesario un ambicioso programa de inversiones.
El plan estima la movilización de 241.400 millones entre 2021 y 2030, que se destinarán al impulso de las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia y a electrificación y redes. El 80% de esa cifra corresponde al sector privado. El 20% restante serán inversiones de las distintas Administraciones públicas, incluyendo financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas fundamentalmente al fomento del ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que el plan posibilitará que el PIB aumente en un 1,8% en 2030 respecto a un escenario sin medidas.
Según las previsiones oficiales, el empleo neto aumentaría entre 250.000 y 350.000 personas. Se trata de un incremento del 1,7% respecto a un panorama sin las medidas del PNIEC, y que puede ser mayor tra el impacto de la crisis sanitaria en las empresas. Las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 empleos en 2030; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000, y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Indirectamente, el cambio energético creará hasta 118.000 empleos.
Menos petróleo y carbón
Las medidas,además de elevar del 21% al 23% la reducción de emisiones, lograrían que el uso final de la energía sea del 42% renovable, así como que el 74% de la energía eléctrica sea verde. El plan prevé, asimismo, 58,8 gigavatios (GW) nuevos de potencia renovable (39 GW solar fotovoltaica; 22,3 GW eólicos; 5 GW solar termoeléctrica; 0,8 GW biomasa; 0,5 GW hidráulica), frente a los 57,1 GW nuevos de potencia renovable que preveía el borrador anterior.
La menor importación de combustibles fósiles —en especial, petróleo y carbón— y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del país, que pasará del 74%, según el dato de 2017 (último disponible), al 61% en 2030.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señala en una nota que la situación “requiere un esfuerzo colectivo grande para ir recuperando la actividad económica poco a poco”. Y agrega: “No será de un día para otro, pero tenemos que ir preparando oportunidades. Y para eso es fundamental identificar dónde podemos activar medidas con más potencial y menos coste, cómo podemos dar señales de inversión y estímulo que nos ayuden a tener un efecto positivo cada vez más amplio”. En ese contexto, localiza la preparación de las medidas en materia de transición ecológica, energética, digitalización, eficiencia, mejores ciudades, mejores entornos o mejor movilidad.
Fuente: Miguel Ángel Noceda www.elpais.com
